El sistema electoral argentino actual es vetusto, anacrónico, y adolece de graves falencias. Está pensado para un esquema bipartidista, en detrimento de los partidos minoritarios, favoreciendo la territorialidad y grandes estructuras partidarias. Dicho esto, el sistema se torna perverso y atenta contra la transparencia del acto eleccionario y en detrimento de la voluntad popular.
En primer lugar, porque actualmente las elecciones son controladas a través de la Dirección Nacional Electoral, dependiente de la órbita del Poder Ejecutivo Nacional y se limita la función jurisdiccional de la Justicia Federal Electoral a lo netamente organizativo para el día de la elección.
El actual sistema de boleta partidaria además de implicar un gasto exorbitante e innecesario, facilita posibles situaciones de fraude, tales como robo y destrucción de boletas, voto en cadena, compra de votos por parte de punteros políticos, acarreo y entorpece y dificulta el escrutinio, sobre todo al momento de haber corte de boleta. También debemos hablar del alto costo humano que implica este sistema (mayor presencia de fiscales partidarios, empleados de la justicia electoral, logística, etc).
Ante esta situación, nuestra democracia necesita de una reforma integral que garantice un sistema electoral transparente, eficaz, equitativo y seguro, que esté acorde a las necesidades de la actualidad y a la altura de las democracias consolidadas en la región y en el mundo. Es por esto, que gracias a mi trabajo como coordinadora en la Red Ser Fiscal, he podido tomar conocimiento de iniciativas, proyectos y propuestas elaborados desde la ONG, a través del trabajo de campo en la sociedad civil en pos de la transparencia electoral y la calidad institucional.
Para ello, es menester crear un órgano descentralizado, autárquico, autónomo, atemporario y profesional alejado de la órbita del Poder Ejecutivo Nacional. Dicho ente, deberá estar constituido por representantes de la Justicia Federal con competencia electoral, representantes académicos, representantes de los partidos políticos con representación parlamentaria y de las ONGs, cuya única función sería de control y organización del proceso electoral, además con una justicia electoral como auxiliar jurisdiccional de garantía secundaria que refuerce la transparencia y la igualdad de la democracia.
Cabe aclarar, que la conformación de este organismo, debe realizarse con los recursos financieros y humanos ya existentes, lo que no implicaría mayor gasto estatal ya que su funcionamiento se constituiría en tiempos electorales.
En cuanto al sistema de votación, es imprescindible e imperioso avanzar en la Boleta única de Papel que reemplace a la actual boleta partidaria. La B.U.P. consiste en una única papeleta impresa, que contiene la oferta electoral y cuya impresión está a cargo del Estado. Esto implicaría un ahorro significativo – Hablamos de millones y millones de pesos- en el gasto que conlleva al acto eleccionario, ya que se imprimiría la cantidad necesaria de boletas para cada padrón, y vendrían dentro de la urna.
Esto hubiera significado en un contexto de pandemia como en las PASO 2021, un mayor control sanitario al no manipular boletas, sobres y demás elementos por parte de las autoridades de mesa y los electores. Por otro lado, la B.U.P. es un mecanismo que disminuye sustancialmente las posibilidades de fraude anteriormente mencionadas y a su vez reduce enormemente el gasto de papel utilizado en las boletas, contribuyendo así con el medio ambiente.
Para que dicha reforma sea viable, es imperioso contar con acuerdos y consensos mínimos en el ámbito del Congreso Nacional, en donde pueda debatirse y analizarse como una política de estado, que sea federal, transversal y perfectible.
Ante este nuevo escenario político, debemos impulsar su tratamiento en el marco de una posible constitución parlamentaria que propicie la reforma electoral que nos debemos, como puntapié inicial para fortalecer la calidad de nuestra democracia.