Nota Publicada en INFOBAE
La prestigiosa ONG dio a conocer su análisis sobre las distintas alternativas para la implementación de la Boleta Única Electrónica
Con la presencia del secretario de Asuntos Políticos e Institucionales del Ministerio del Interior, Adrián Pérez, la Red Ser Fiscal presentó ayer el libro Voto electrónico. Un aporte técnico-científico a la reforma electoral que le acercarán a los legisladores que a partir de agosto próximo discutirán en el Congreso de la Nación el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo.
Según explicó el ingeniero Alejandro Molina, la desconfianza es la mayor amenaza que enfrenta la Boleta Única Electrónica, sistema que fue adoptado por el proyecto de reforma por el alto grado de consenso que genera pero que en modo alguno consigue aprobación unánime entre especialistas. Por ello, la Red llamó a «garantizar la transparencia del sistema de voto electrónico», con una implementación que asegure «la observancia de los principios fundamentales democráticos del voto (universalidad, secreto, integridad y auditabilidad)» además de «salvaguardar la seguridad del voto».
Molina explicó que el voto electrónico «vino para quedarse», por lo que en su implementación hay un «factor de oportunidad»: cuanto antes el Estado lo adopte, menor será la brecha tecnológica que habrá que salvar. Esto, dijo el ingeniero, «sólo puede hacerse desde el Estado», teniendo en cuenta medidas para su mejor adopción: gradualidad en la implementación, asegurar una infraestructura de telecomunicaciones mínima -si se implementa, una 60.000 urnas deberán ser reemplazadas por terminales electrónicas, que además de la necesaria conexión a la red eléctrica, deberán estar conectadas a una red- y garantizar la auditabilidad de todo el proceso.
En opinión del experto, estas condiciones sólo pueden alcanzarse con un sistema de código abierto y software libre, para que tanto ONG como particulares puedan auditar su seguridad.
Según explicó Adrián Pérez, responsable de la reforma, la Boleta Única Electrónica que recoge el proyecto es «el que mayor nivel de consenso genera», teniendo en cuenta las experiencias exitosas llevadas a cabo en la provincia de Salta, en la ciudad de Buenos Aires y en San Luis. En ese sentido, dijo que a fines de julio el Congreso comenzará con el debate de con la vista puesta en la construcción de confianza en la valoración de la ciudadanía.